Presentan en el Congreso iniciativa de ley contra violencia química

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Presentan en el Congreso iniciativa de ley contra violencia química

  • Las diputadas Isabel Sánchez Holguín y Elida Castelán reconocen deuda histórica con las víctimas de ataques con ácido.
  • La propuesta de la Fundación Carmen Sánchez fue enriquecida por víctimas, sociedad civil y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 

Para saldar la deuda histórica que tiene el Estado con las víctimas de ataques con ácido y fortalecer la legislación para garantizarles el acceso a una justicia integral, las diputadas del PRI, Isabel Sánchez Holguín y María Elida Castelán Mondragón, abrieron la Casa del Pueblo para la presentación de la denominada iniciativa de la Ley de Violencia Química de la Fundación Carmen Sánchez, que plantea reformas a diversos ordenamientos.

Durante la presentación de la iniciativa, enriquecida por víctimas, sociedad civil, instituciones del Poder Ejecutivo y representantes de los poderes Judicial y Legislativo, la diputada Isabel Sánchez afirmó que su participación fortalece la lucha para prevenir, atender y sancionar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, en tanto que al Congreso le corresponde respaldarlas.

Al expresar la postura del diputado Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario del PRI, de abonar al enriquecimiento de la iniciativa, la diputada Isabel Sánchez pidió hacer llegar comentarios y propuestas para llevar a cabo una mesa técnica y avanzar el análisis. 

La legisladora detalló que se busca establecer las sentencias condenatorias para los agresores que actúan con toda la saña, al tratar de privar de la vida y la dignidad a las mujeres para borrar su rostro, su cuerpo y su vida, y aseguró que es tema pendiente en la entidad, del cual seguramente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez estará de acuerdo en avanzar para que las víctimas accedan a la justicia.

Al respecto, la legisladora Elida Castelán enfatizó que la violencia química debe ser incluida en los marcos normativos para brindar mayor seguridad y certeza jurídica a las víctimas, con lo cual el Estado de México sería la cuarta entidad en contar con legislación en esta materia.

Consideró inadmisible que actualmente no se considere como agravante de delito el uso de sustancias corrosivas, por lo que se debe enaltecer la perspectiva de género y el enfoque diferencial para visibilizar las situaciones de vulnerabilidad; y exhortó a los grupos parlamentarios a sumarse a la causa para aprobar esta iniciativa.

Carmen Sánchez, sobreviviente de este tipo de violencia, y Ximena Canseco, fundadora y cofundadora de la Fundación, respectivamente, explicaron que la iniciativa, que originalmente plantea reformas a diversos ordenamientos federales, como el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conceptualiza la violencia química y propone protocolos de atención médica especializados y que los servicios de salud pública se otorguen a las víctimas de violencia química de manera gratuita, integral, adecuada, eficaz proporcional a la gravedad del daño causado.

También plantea la creación de tribunales y fiscalías especializadas en la investigación de ataques con sustancias químicas; establecer lapsos cortos de investigación y juzgamiento de los casos; utilizar los métodos y técnicas para verificar la situación de violencia y vulnerabilidad de la víctima; realizar las diligencias especiales con visión de género que se requiere en los casos de muertes violentas de mujeres; impulsar las medidas precautorias necesarias para restaurar y garantizar la salud y la preservación de la vida de la mujer, su familia y círculo cercano; entre otros.

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Cuestiones de Política 

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Fortalecerá Congreso derecho a la información de grupos vulnerables

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Fortalecerá Congreso derecho a la información de grupos vulnerables

  • Aprueba Comisión iniciativa ampliar la cobertura del derecho a la información de pueblos indígenas y personas con discapacidad.
  • El Infoem respaldó la iniciativa de la diputada Gretel González Aguirre.

 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción aprobó la iniciativa de la diputada Gretel González Aguirre (PRI) para fortalecer y garantizar el derecho de acceso a la información pública de las personas con discapacidad y pueblos originarios de la entidad.

Con la reforma aprobada en reunión de trabajo presidida por la diputada Miriam Escalona Piña (PAN), se estandarizarán definiciones y principios que rigen el derecho de acceso a la información pública, facultades, atribuciones y competencias de los responsables en materia de transparencia y acceso a la información, las obligaciones de transparencia, así como los procedimientos de atención a las solicitudes de acceso a la información.

Las modificaciones a la iniciativa para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem), aprobadas por mayoría de votos, buscan potenciar progresivamente el derecho de acceso a la información de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad que residen en la entidad y atender lo estipulado en instrumentos jurídicos de rango internacional a los que México está suscrito.

Al respecto, la diputada Rosa María Zetina González y el diputado Raúl Ponce Elizalde, de Morena, cuestionaron que no se consideraron las observaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y refirieron que debió de realizarse una consulta con los pueblos originarios.

Las legisladoras Miriam Escalona y Leticia Mejía García (PRI) señalaron que el Instituto no realizó observaciones y respaldaron la iniciativa, por lo que se manifestaron a favor de la aprobación de la propuesta; en tanto que la legisladora Gretel González argumentó que existe una jurisprudencia que indica cuando las acciones son en favor de los grupos vulnerables se debe proceder y la consulta aplica cuando se toquen leyes que afecten a los grupos indígenas.

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