El Tribunal Electoral da por buena la modificación de estatutos en Morena que permite una prórroga en sus cargos a los dirigentes del partido Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente y secretaria general, hasta el 31 de octubre de 2024. Cuatro de los seis votos emitidos han rechazado el proyecto previo presentado por la magistrada Janine Otálora, en el que se calificaba de anticonstitucional el proceder del partido para prorrogar el mandato de su dirigencia. Los intervinientes han considerado, en su mayoría, que Morena modificó sus estatutos de forma “legal”, en tiempo y forma y con un proceso que permitió a la militancia conocer y discutir dichos cambios en el III Congreso Nacional del partido, así como votarlos. El resultado de aquella votación, donde un 72% de los militantes presentes se manifestaron a favor, infieren los magistrados, es suficiente para reconocer la validez del proceso.
En sus intervenciones, cuatro miembros del tribunal han considerado que la autonomía y la autoorganización de un partido político deben prevalecer sin mayor intervención judicial, a menos que incurran en discriminaciones, por ejemplo, o atenten contra los preceptos constitucionales, algo que no observan en la prórroga de la directiva de Morena. Opinan que es algo común en muchos partidos políticos. “Una prórroga ni discrimina ni limita derechos a los militantes, sino que resulta en beneficio de la propia estrategia política del partido” a la vista de unas elecciones, ha señalado el magistrado Indalfer Infante Gonzales. Y ha coincidido con él Felipe Alberto Fuentes Barrera, quien ha mencionado “el desgaste natural que supondría la renovación del presidente” en vísperas de elecciones. Ambos advierten que no se trata de una reelección en el cargo, sino de una ampliación con una fecha concreta de salida, por lo que el asunto no les ofrece mayores incertidumbres. Felipe de la Mata Pizaña considera la prórroga “razonable y con asidero constitucional”. Si se tiene en cuenta la posible desestabilización de un partido político ante la cercanía de unos comicios, esa medida, ha dicho, le parece “la menos grave”. “Garantiza la autoorganización [consagrada en la Ley General de Partidos] con flexibilidad”, ha añadido.
Fue un grupo de militantes de Morena quienes llevaron este asunto hasta el Tribunal Electoral de la Federación, como recordó la magistrada Otálora. Y una de las razones por las que ella apoyó su reclamo es el escaso tiempo que el partido concedió a la militancia para analizar estos cambios estatutarios, con apenas 24 horas antes de que se produjera el debate y la votación. El ajustado plazo de intervención puede ser indeseable, pero no ilegal, han expresado este miércoles varios magistrados, quienes señalan, además, que es una actuación típica de muchos partidos políticos por razones de organización interna.
“¿Hasta dónde tenemos que llegar nosotros en un procedimiento legal de un partido con convocatoria adecuada y quórum?”, se ha preguntado José Luis Vargas Valdés. “¿Vamos a pasar al activismo judicial en términos de partidos políticos? La extrema judicialización [en este ámbito] es negativa para la democracia mexicana”, ha dicho. Vargas Valdés aprecia cierto sesgo en el proyecto que presentó Otálora, en el que se menciona una tendencia “recurrente” en Morena a la prorrogación de los titulares en los cargos partidistas. “Ese no es el litigio”, discute el magistrado, quien también reprocha algunas otras observaciones del proyecto por la misma razón. “Si se tiene acreditado que no hubo violaciones procedimentales, sería suficiente, los agravios de fondo ya no deberían ser analizados”, ha señalado.
Lo que sus colegas consideran “propio de la dinámica de los partidos”, es decir, la petición de prórroga de mandato, si se quiere con ciertos velos para la militancia, es para la magistrada Otálora un menoscabo a la alternancia, “que permite mayor deliberación y participación. Los partidos no están exentos de cumplir con los principios del sistema democrático y esa prórroga no tiene asidero democrático”, defendió. Argumentó que no se da en esta ocasión la excepcionalidad que sí observaron en 2029, cuando Morena solicitó una prórroga porque acababan de salir de unas elecciones y, además, no contaban con un padrón confiable. Además, entonces se trataba de mantener un tiempo más a todos los cargos del partido, ha explicado Otálora.
“No aplican las mismas razones. Debemos atender caso por caso”, responde Vargas Valdés sobre anteriores sentencias similares.
La sesión se interrumpió casi al finalizar por los gritos de varias personas que criticaban a los magistrados, pero poco después volvió a su ser, justo cuando De la Mata Pizaña concluía sus alegatos reprochando a los actores políticos sus intervenciones públicas intimidatorias en días previos a las votaciones en pleno: “Ponen en peligro la legitimidad de una sentencia, incluso cuando tienen razón”, ha afirmado. “Pero es inútil, nada, salvo la Constitución y las leyes intervendrán” en la decisión de los magistrados, ha señalado.
Este mismo miércoles, Morena envió un comunicado en el que defiende la constitucionalidad de sus cambios estatutarios: “De aprobarse el proyecto presentado [por Otálora] en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se violarían los derechos político-electorales de nuestros millones de militantes y se atentaría contra la autonomía del Partido para decidir”, han dicho antes de que los magistrados hubieran siquiera empezado a exponer sus argumentos y votar.
El Tribunal Electoral tiene pendiente juzgar un caso parecido, el cambio que ha permitido a Alito Moreno, líder nacional del PRI, prorrogar también su mandato. Moreno arañó tres meses más en su cargo con la misma justificación de Morena, la inminencia de unos comicios electorales que, una vez iniciados, no permiten en su partido el cambio de dirigencias. Esto le daría un plazo extra hasta septiembre. La resolución de este miércoles le da un respiro au sus pretensiones, que también encontraron la crítica interna en el PRI.
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