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Precisan inicio y conclusión de la veda por el proceso electoral

A propuesta de la Junta de Coordinación Política y previo a la próxima jornada electoral, el Pleno de la LXI Legislatura mexiquense avaló por unanimidad que, del 25 de abril al 2 de junio próximos, las autoridades estatales y municipales, así como las y los legisladores locales, se abstengan de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario.

El proyecto de decreto, expuesto durante la Sesión Deliberante, puntualiza que estos programas son los que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza.

Se especifica que, con excepción de los programas señalados, las autoridades estatales seguirán desarrollando las funciones y servicios públicos necesarios para la atención y desarrollo de la población de acuerdo con su normatividad y en apego a las disposiciones electorales, así como que autoridades municipales por ningún motivo deberán suspender durante el periodo indicado las funciones y servicios públicos equivalentes a los citados. 

Cabe señalar que el Código Electoral del Estado de México establece que, durante los 38 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores y las legisladoras locales, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario. 

En los artículos transitorios del proyecto de decreto se indica que la Legislatura promoverá las medidas necesarias para el cumplimiento del Decreto en el ámbito de su competencia, y que la población beneficiaria de los programas de contenido social que no los reciban durante el período de prohibición señalado podrán, de acuerdo con las reglas de operación, solicitar su reintegración.

El documento destaca que, de esta forma, la Legislatura observa, con oportunidad, un importante mandato legal, en apoyo de la neutralidad y equidad electoral y continúa su labor de vigorización de las instituciones democráticas del Estado de México, así como que se da cumplimiento a lo mandatado en la Constitución Política local y al Código Electoral del Estado de México de cara a las próximas elecciones.