En nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Iván de Jesús Esquer Cruz y la diputada
Aurora González Ledezma planearon reformas para abordar de manera integral la pobreza,
marginación y exclusión social, al fortalecer los mecanismos de contraloría social, el Consejo de
Evaluación e Investigación de la Política Social, el papel de los gobiernos municipales y el padrón
de personas beneficiadas.

La iniciativa de reformas a la Constitución Política y la Ley de Desarrollo Social, ambas
estatales, buscan fortalecer los mecanismos de contraloría social para asegurar que los recursos
destinados a combatir la pobreza sean utilizados de manera efectiva y ética; que el Consejo de
Evaluación cuente con recursos y autonomía para llevar a cabo evaluaciones y seguimientos
rigurosos de las políticas sociales, lo que garantizará que los programas se adapten a las
necesidades cambiantes de la población y se logren resultados concretos en la reducción de la
pobreza y la exclusión social.

La propuesta busca fortalecer la capacidad municipal de abordar problemas específicos de
sus comunidades, promoviendo un enfoque descentralizado y participativo en la lucha contra la
pobreza, mediante la creación y mantenimiento de un padrón municipal de los programas sociales
municipales, estatales y federales, como una herramienta que contribuirá a garantizar la equidad y
la justicia social.

Con lo anterior, indica la iniciativa que se analizará en las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Desarrollo y Apoyo Social, se consolidarán datos precisos sobre
quienes realmente necesitan asistencia social, se evitará que los recursos se dispersen de
manera ineficaz o se asignen de manera desigual, con lo que se asegura que las personas y las
comunidades más necesitadas reciban el apoyo que requieren.

Se pretende garantizar una gestión eficiente y equitativa de los recursos destinados a los
programas sociales, todo con el objetivo de estar en concordancia con la visión de desarrollo social de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; así como que el Estado y sus municipios otorguen un ingreso básico a la
población para garantizar el acceso integral a los derechos sociales que la Constitución reconoce.