Toluca, Estado de México, 25 de enero de 2024.- En sesión de la Diputación Permanente, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) propuso reformar el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, a fin de otorgar certeza jurídica a los servidores públicos que hayan cometido faltas no graves la opción de apelar mediante un recurso de revocación administrativa o a través de un juicio.
En este sentido, la Diputada priista, Gretel González Aguirre, explicó que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios tiene como propósito establecer los procedimientos de investigación, substanciación y determinación de faltas administrativas de los servidores públicos, así como faltas particulares.
Agregó que con esta propuesta se busca evitar una antinomia jurídica que se entiende como la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea.
Por lo anterior y de acuerdo con la propuesta el primer párrafo del artículo 196 quedaría de la siguiente forma:
“Los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de faltas administrativas no graves (…) tendrán la opción de interponer el recurso de revocación ante la propia autoridad que emitió la resolución o promover juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva”.
Esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios fue turnada a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación.
Esta propuesta refleja el compromiso del GPPRI, coordinado por el también Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Elías Rescala Jiménez
para mejorar la eficacia de la legislación vigente, asegurando un proceso más justo y equitativo en el manejo de las responsabilidades administrativas.